Obligaciones de los gobiernos

La Agenda 21 y las Recomendaciones de las Naciones Unidas para la Protección al Consumidor han identificado las obligaciones de los gobiernos en tres áreas principales:

§ Minimizar el uso de recursos: por ejemplo mediante mayor eficiencia en el uso de la energía y los recursos y menor generación de desperdicios.

§ Fomentar el liderazgo de los gobiernos: por ejemplo, creando políticas gubernamentales eficientes, haciendo cumplir las leyes y los programas económicos y sociales, y creando políticas específicas para uso de tierras, transportación, energía y vivienda.

§ Reforzar los valores: por ejemplo, por medio de los programas informativos y educativos para los consumidores en asuntos como el impacto ambiental de las decisiones y el comportamiento de los clientes, el uso eficiente de los materiales, la energía y el agua y el reciclaje.

La complejidad del consumo sostenible requiere una perspectiva integrada en la creación de políticas que incluyan elementos legales, sociales y económicos. Las leyes para restringir las actividades que dañen el medio ambiente, la aplicación de impuestos (por ejemplo, impuestos por la extracción, producción y emisión de recursos) para apoyar alternativas más limpias y eficientes, y la reducción del consumo dañino, serán todas tareas clave de los gobiernos en el futuro.

Los gobiernos deberán promover la investigación para determinar patrones de consumo y maneras de informar a la industria y a los consumidores. Los gobiernos deberán también contribuir al establecimiento de pruebas sobre la eficiencia operativa de los productos y los servicios, además de las compañías y los sectores específicos en colaboración con las industrias.

Un papel importante de los gobiernos será la promoción, transferencia y adopción del limpio desarrollo tecnológico. La cooperación bilateral y la asistencia de instituciones financieras internacionales será esencial para lograr estos objetivos en LAC. Siendo ellos mismos consumidores, los gobiernos deberán promover el cambio a patrones de consumo mediante el desarrollo y adopción de sus propios programas de consumo ambiental.

Una reforma industrial que pueden llevar a cabo los gobiernos, mediante perspectivas legislativas y económicas, es la internaclización de los costos, es decir, hacer que el productor pague por el costo total de la producción (incluyendo el daño social y ambiental), los cuales después se reflejarán en los costos del producto final. (PNUMA 2001).
Consumo Ciudadano